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Justificación

El estudio de los Derechos Humanos se ha constituido en un punto obligado de los programas académicos de educación superior en el campo de las ciencias sociales, educativas y  políticas a nivel nacional e internacional. Ello debido al acelerado desarrollo y cambio en las dinámicas sociales, educativas, políticas y jurídicas asociadas a la teoría y la práctica de los derechos  entendidos como un cuerpo histórico, filosófico, político y normativo que requiere constante reelaboración conceptual y mecanismos de aplicación y garantía en diferentes niveles y contextos.

Debido a la gran transformación que sufrió la lógica del Estado en el siglo XX, que dejó de ver en los derechos un limitante para su funcionamiento y pasó a considerarlos de acuerdo a las nuevas pautas de la sociedad de la segunda posguerra, como la condición de posibilidad de su existencia (Papacchini, 1995), se ha incrementado el requerimiento de estudios y especialistas que puedan comprender el tema de los Derechos Humanos desde sus distintos enfoques, contextualizarlos en cada realidad social particular, educar en dicho discurso e implementar y activar todos los mecanismos de protección existentes para lograr la satisfacción de las demandas en derechos humanos, de cuya efectividad depende el grado de legitimidad que un Estado reclame.

Así y en vista de la ampliación del cúmulo de los derechos humanos y la incorporación de dicho discurso en los espacios educativos, los cuales ya no sólo se limitan a los derechos de la tradición liberal negativos, es decir, aquellos que el estado no puede violentar - no privar arbitrariamente de la vida, no entrometerse en la vida privada y familiar de las personas, no discriminar-; sino que abarcan otro tipo de prerrogativas que involucran la participación directa del mismo, como los derechos sociales y económicos, o los de protección a las minorías (Boaventura, 1991), se hace aún más necesaria la formación de profesionales que puedan promover eficaz y satisfactoriamente tanto lo concerniente a su desarrollo investigativo y de fundamentación conceptual, como su garantía, promoción y aplicación.

En un contexto como el latinoamericano caracterizado por sociedades plurales y complejas, donde las distintas asociaciones de individuos demandan del Estado la solución a sus problemas concretos y el reconocimiento a sus reivindicaciones particulares, sustentados en el principio básico de la normativa de los derechos humanos, según el cual éstos constituyen una “cuestión abierta” (Lefort, 1990) que se actualiza periódicamente dependiendo de las dinámicas propias de cada coyuntura, se convierte en una cuestión de primera necesidad promover el diálogo permanente y el trabajo continuo entre instituciones gubernamentales y no gubernamentales y miembros activos de la sociedad civil y fortalecer desde las instituciones educativas los programas académicos existentes o crear nuevos currículos que aborden el discurso de los derechos humanos con un enfoque crítico y constructivo con miras a la creación y expansión de programas, proyectos y políticas que materialicen los derechos humanos individuales y colectivos y proponga desde la investigación aplicada, el análisis de casos y los diagnósticos,  las vías de  implementación de las distintas políticas públicas y haga efectivos los diferentes mecanismos que surjan como respuesta a este reto de la sociedad.

El caso colombiano ha sido planteado de manera específica como uno de los más dramáticos en lo que concierne a la situación educativa, cultural  y de respeto y garantía de los derechos humanos. La particular historia constitucional y educativa de la sociedad colombiana, su prolongado conflicto armado, las emergencias humanitarias provocadas por el alto índice de desplazamiento forzado, la situación de extrema pobreza en algunas zonas del país, el grado de deserción escolar en las escuelas y universidades aunado al desconocimiento  y vulneración continua de los derechos fundamentales de los ciudadanos, evidencian una gran problemática que exige soluciones integrales urgentes desde lo político, lo jurídico y lo educativo y que tardan en llegar, entre otras cosas, por las comprensiones limitadas o erróneas del carácter específico de los derechos humanos, el papel pasivo de la educación en la formación de sujetos críticos y comprometidos con la vivencia cotidiana de los derechos y  la implementación fallida de políticas públicas relativas a los derechos, que integren un nivel de educación política y ciudadana y un desarrollo legislativo, dirigido a la prevención y no solo al castigo de graves violaciones de dichos derechos.

A la mencionada situación real de los derechos humanos en nuestros contextos más cercanos, cabe agregar una debilidad igualmente problemática, referido éste a la particular situación académica de los estudios sobre los derechos humanos en las instituciones de educación superior; concentrados todos ellos en una disciplina o en un campo de estudio independiente. Los estudiosos del tema se encuentran con que las herramientas teóricas y metodológicas que normalmente usan no dan cuenta de la situación actual para abordar eficazmente los desafíos y retos, cada vez crecientes, que los derechos humanos plantean para el mundo contemporáneo.

Hoy más que nunca la educación en y para los derechos humanos y el estudio de los distintos enfoques de estos y su  difusión e implementación, se presentan como  una exigencia sentida para los programas académicos de educación superior en el ámbito de las ciencias sociales  a nivel nacional e internacional. Las transformaciones anteriormente señaladas y el acelerado desarrollo y cambio en las dinámicas sociales, políticas, económicas y jurídicas asociadas a la teoría y la práctica de los derechos humanos, en tanto un núcleo normativo que requiere constante reelaboración conceptual, fundamentación y mecanismos de aplicación y garantía en diferentes niveles y contextos, han jugado un papel determinante en ello.

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